Por Laura Olivari. Fotos Carla Novak
Arde el oasis latinoamericano de Sebastián Piñera. Y en medio de las llamas que consumen a la idílica creación del presidente, puede verse a la evasión masiva organizada por los estudiantes ante el aumento del pasaje del metro, como el detonante del estallido social. Sin embargo, no hay medidas económicas o políticas aisladas que expliquen que un país quede envuelto en un clima de tensión de tal magnitud.
El origen del conflicto social es multifactorial y dista mucho de ser reciente. Por un lado, las protestas son el resultado de décadas de políticas neoliberales que hicieron de Chile uno de los países con los índices de desigualdad más altos del mundo. En pocas horas, lo que comenzó como una manifestación estudiantil por un nuevo aumento del metro de Santiago, se multiplicó en varios focos de protesta a lo largo y a lo ancho del país, haciendo extensivo el reclamo a demandas sociales que son de larga data. Por otro lado, la estrategia del gobierno de poner el foco de la atención en la criminalización de la protesta deslegitimando las razones que hay detrás de este malestar social, no hicieron más que avivar el descontento popular que supo encontrar en las calles una forma de expresión colectiva. Ante este panorama, el anuncio de Piñera de dejar sin efecto el aumento no atenuó en lo más mínimo el clima de tensión social.
El malestar popular se puede explicar en términos acumulativos. Haciendo un paneo histórico se puede observar a grandes rasgos, las causas de este fenómenos actual. Previo al golpe de estado de Pinochet en 1973, Chile, al igual la mayoría de las naciones del cono sur, se hallaban en pleno proceso de afianzamiento de políticas desarrollistas con Estados de fuerte presencia intervencionista en los mercados internos. En este contexto, Salvador Allende asume la presidencia del país en 1970 con un programa político bajo el brazo que proponía nacionalizar sectores de la economía que se hallaban en manos de empresas locales y extranjeras. Bajo estos lineamientos y a través de una reforma constitucional, es que en julio del ’71 se aprueba la nacionalización de la minería. Hasta el día de hoy, CODELCO, la mayor empresa explotadora de cobre del mundo, sigue en manos nacionales y representa el principal ingreso fiscal del país.
“Estas políticas económicas, que entraron en vigor con la constitución política de 1980 aprobada durante la dictadura militar (y aún en vigencia con alguna que otra modificación), fueron las que delinearon el paradigma económico que subsiste hasta el día de hoy”
Con el golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973 se interrumpe la democracia y con ella las políticas de corte socialista que venían, ajustadamente, avanzando en Chile. El gobierno de facto de Augusto Pinochet preparó el terreno para lo que fue el primer gran laboratorio del neoliberalismo. De la mano de Milton Friedman y sus discípulos (estudiantes chilenos que hicieron carrera en la Escuela de Chicago, los tristemente celebres, Chicago Boys) se instauró una economía de libre mercado cuyos principales pilares fueron la privatización, la desregulación económica y el recorte del gasto público, reduciendo al mínimo las atribuciones e intervenciones del Estado. Estas políticas económicas, que entraron en vigor con la constitución política de 1980 aprobada durante la dictadura militar (y aún en vigencia con alguna que otra modificación), fueron las que delinearon el paradigma económico que subsiste, con apenas reformas, hasta el día de hoy: privatización de muchas de las empresas estatales (hoy el sistema de seguridad social y hasta el agua permanecen en manos privadas), apertura de importaciones extranjeras y la consecuente desregulación de las barreras que protegían la industria chilena, eliminación del control de precios y recorte del gasto público. La educación pública fue sustituida por cheques escolares y escuelas charter. Hoy los jóvenes que quieren acceder a una educación universitaria se ven obligados a acceder a préstamos bancarios que los dejan fuertemente endeudados. Sí, la instauración de este modelo económico mejoró las variables macroeconómicas y estabilizó la economía, pero aumentando la riqueza de unos pocos y sentando las bases de una desigualdad social cada vez más profunda, y sobre este desequilibrio y sin mayores avances en materia de inclusión social, siguieron 30 años de democracia.
Hoy el reclamo es transversal, no parte solo de los sectores mas postergados sino de buena parte de la sociedad. Chile se encuentra en un punto de inflexión y en medio de un particular contexto internacional. Con las diferencias geopolíticas y las coyunturas propias de cada caso, varios países del bloque regional están atravesando fuertes crisis políticas y sociales. Ecuador, Haití y ahora Chile fueron y en algún caso aún son escenario de manifestaciones de descontento social ante el anuncio de ajustes, quita de subsidios y medidas económicas en detrimento de sus habitantes. A diferencia de lo acontecido en Ecuador, cuando el gobierno dio marcha atrás con los anuncios que encendieron la mecha de la indignación, en Chile se intensificó el reclamo. La reacción de las autoridades, sin embargo, fue la misma en todos los casos: intentar apaciguar las aguas a través de la represión. A Piñera no le bastó con mandar a los Carabineros a las calles sino que dictó el estado de excepción y declaró públicamente que en Chile hoy hay una guerra. Eso sí, una guerra con bandos muy desiguales. Mientras las Fuerzas Armadas avanzan por las calles e intentan restaurar el statu quo a fuerza de perdigones y gas lacrimógeno, el gobierno mantiene entre sus filas a los principales medios de comunicación. El pueblo chileno denuncia graves violaciones a los derechos civiles, detenciones ilegales, abusos sexuales y torturas a manos de las fuerzas de seguridad mientras el periodismo chileno apunta cámaras y micrófonos hacia los saqueos. Según el subsecretario del interior de Chile, Rodrigo Ubilla, la cifra oficial de muertos en medio de las protestas ya asciende a 18. El Instituto Nacional de Derechos Humanos de Chile (INDH) denuncio más de 2.000 detenciones y más de 300 heridos. A pesar de las cifras oficiales, los manifestantes denuncian el encubrimiento por parte de las autoridades que, amparadas por un fuerte cerco mediático, silenciarían graves hechos de terrorismo de Estado. Hoy el pueblo de Chile apela a la difusión a través de las redes sociales, medios alternativos de comunicación y al periodismo internacional para hacer escuchar sus voces.
En medio de este turbio panorama se reunió este miércoles la comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados para analizar la declaración de estado de emergencia dictada por el presidente el pasado sábado. Durante la reunión, el abogado constitucionalista, Jaime Bassa, denunció graves irregularidades durante la aplicación de la misma. Según éste, no hay habilitación normativa para la realización de detenciones por parte de las Fuerzas Armadas, lo que las dotaría de un carácter inmediato de ilegalidad. Así mismo, el no acatamiento del toque de queda se constituye en una falta y no un delito según el Código Penal. Declaró que las Fuerzas Armadas están restringiendo los derechos fundamentales de los ciudadanos sin una delegación expresa de facultades por parte del presidente, único responsable político del accionar policial y militar en las calles.
“El pueblo chileno denuncia graves violaciones a los derechos civiles, detenciones ilegales, abusos sexuales y torturas a manos de las fuerzas de seguridad mientras el periodismo chileno apunta cámaras y micrófonos hacia los saqueos.”
Se están viviendo hechos de una violencia inédita a manos del Estado, como no se veían desde la última dictadura. Piñera se enfrenta hoy a una crisis política e institucional sin precedentes pero también a una crisis de derechos humanos por la cual el presidente no se siente interpelado.
Chile se cansó de los abusos y las movilizaciones populares tienen una masividad que no se ha visto desde la vuelta a la democracia. Sin voceros ni partidos políticos a la cabeza, hoy ganó las calles una sociedad que durante 30 años vio como una pequeña élite pasó de ser rica a muy rica, mientras el resto vivía cada vez más ajustado y endeudado. Si a esta situación se le suma los recientes escándalos de corrupción en los que se vieron envueltos funcionarios del gobierno y empresarios, y el privilegio del que gozan las fuerzas de seguridad del estado, esas mismas que disparan hoy sobre las manifestaciones; el descontento social existente es algo que de ninguna manera habría que minimizar. Algo que sí parece pretender hacer el presidente Sebastián Piñera.
El mandatario chileno anunció el martes por la noche una “agenda social” con una serie de medidas tendientes a aplacar los ánimos. Entre las medidas propuestas resaltan un aumento a las pensiones solidarias, un impuesto a las rentas mayores de 8 millones de pesos mensuales, ingreso mínimo garantizado y un proyecto de ley para la creación de un Seguro de Enfermedades Catastróficas. Además de la rectificación de la continuidad del estado de emergencia. Los manifestantes en todo Chile hicieron notar su rechazo a estas medidas con una masiva adhesión a una huelga general por 48 horas convocada por varias organizaciones sociales y sindicatos que exigen una derogación inmediata del estado de emergencia y una huelga parlamentaria mientras dure el mismo, la implementación urgente de un paquete de medidas sociales para los trabajadores, la creación de una Asamblea Nacional Constituyente para la elaboración participativa de un nuevo modelo de desarrollo nacional y, principalmente, la renuncia de Piñera.
En Chile se vive en estos momentos un conflicto social con final incierto. El gobierno de Piñera hace oídos sordos a las demandas reales de una sociedad que ha puesto en jaque a un modelo neoliberal que no le brinda respuestas satisfactorias. De a poco se hace sentir la presión internacional. Michelle Bachelet anunció que enviará a Chile una misión de la ONU con el fin de examinar las denuncias de violación a los derechos humanos. Por otra parte el diputado francés Alexis Corbière llamo a su país a suspender su participación en la Conferencia sobre el Cambio Climático de la ONU, COP25, a realizarse en Santiago de Chile durante el mes de diciembre, mientras tanto Piñera mantenga a las Fuerzas Armadas en las calles.
Mientras se multiplican las manifestaciones populares en distintas ciudades del globo en apoyo al pueblo chileno, en Uruguay se sienta el precedente de miles de personas en la calle en rechazo a un plebiscito que se votará este domingo, que implica entre otras cosas, la participación militar en materia de seguridad pública, a través de la creación de una Guardia Nacional. El recuerdo de los gobiernos de facto sigue fresco en Latinoamérica y en Chile hoy vuelven a sangrar las viejas heridas. La violencia estatal no puede recrudecerse sin poner verdaderamente al límite la continuidad democrática. Hoy Chile padece a un gobierno conservador de derecha que no se muestra dispuesto a aprender de los errores que nos dejó la historia de la región en los experimentos neoliberales de los ’70. Los ojos de Argentina y del resto del mundo están puestos en el vecino país a la expectativa de la resolución del conflicto de este hijo primigenio que nos dio el neoliberalismo y cuyo ejemplo fue tomado por muchos de los dirigentes políticos que hoy deciden el futuro de las encomias regionales.
El pueblo chileno exige un nuevo pacto social y queda por ver si Piñera se encuentra a la altura de las demandas populares. Resulta urgente proyectar medidas concretas de corto y largo plazo que incluyan una participación real de todos los sectores involucrados. Para esto es indispensable que el presidente muestre una disposición verdadera al diálogo y para esto es primordial levantar el estado de emergencia y retirar a las fuerzas de seguridad de las calles. Este sería el mejor escenario posible. La crisis política e institucional que atraviesa Chile deja en evidencia la necesidad de un Estado regulador y para alcanzarlo es necesaria la reforma estructural del sistema económico heredado por la Constitución impuesta por la dictadura de Pinochet. El pueblo chileno reclama un nuevo acuerdo político y el fin del Estado corporativista que hoy reprime las movilizaciones populares y la libertad de expresión y movimiento. Las plazas de las ciudades en todo el país se llenan al grito de “¡Chile despertó!” mientras se convocan nuevas marchas populares.
Porque al final parece que Allende no se equivocaba cuando en su último discurso expresó: “Tengo la certeza de que la semilla que hemos entregado a la conciencia digna de miles y miles de chilenos, no podrá ser segada definitivamente. Tienen la fuerza, podrán avasallarnos, pero no se detienen los procesos sociales ni con el crimen ni con la fuerza. La historia es nuestra y la hacen los pueblos.”
