Es referente del Movimiento Nacional Campesino Indígena Somos Tierra, una de las organizaciones campesinas que forman parte de la “agricultura familiar” y cuyo objetivo es poder dar la batalla por la soberanía alimentaria y la reforma agraria. Las familias campesinas vienen dando una lucha sostenida por abastecer a los ciudadanos de alimentos accesibles y saludables en el marco de la pandemia.
Por Marvel Aguilera.
Pierre Joseph Proudhon escribió un pequeño opúsculo en 1863 denominado El principio federativo, en donde intentó plasmar un punto de encuentro entre la denominada sociedad global y los grupos de individuos en torno al concepto de la libertad. Si bien el filósofo anarquista francés pretendía combatir la centralidad del poder político en manos de los Estados-Nación autoritarios, delegando responsabilidad en comunas, también buscó impulsar una distribución equitativa de las tierras en manos de los trabajadores que pudiera contrarrestar el dominio del “feudalismo agrario” que se expandía por toda Francia. Esa problemática, tan presente en el escenario del siglo XIX, lejos está de haberse resuelto. En el país, las grandes familias agrarias son las que monopolizan la industria y fijan los precios que terminan perjudicando a los pequeños productores y al consumidor final que ve encarecida su calidad de vida y el acceso a sus alimentos. El caso de la fallida intervención en Vicentín, la aceitera quebrada que recibió infinidad de cheques del Banco Nación durante la gestión macrista, es un ejemplo más de las trabas que el poder económico y judicial pone para evitar desarmar ese monopolio agrícola-ganadero y abrir un vestigio de soberanía alimentaria en el país, en un contexto de dificultades laborales, hacinamiento y precarización económica.
La postal de Guernica
El lunes 20 de julio, un grupo de casi 2 mil familias se acercaron a un terreno baldío del barrio Numancia, en Guernica, para tomar posición de él en protesta por la falta de acceso a una vivienda digna. No se trataba de oportunistas, como quisieron señalar varios medios hegemónicos de comunicación. Eran vecinos, ciudadanos de la localidad que habían visto encarecido su alquiler y se habían quedado en la calle. Trabajadores despedidos, violentamente desalojados, que reclamaban una pequeña porción de tierra en un lugar que lleva abandonado más de 40 años. Pero la Justicia, una vez más, hizo lo suyo, engrandecer la exclusión y la división social, sin el menor reparo hacia el contexto acaecido a nivel global. Sin embargo, el marco ha dado la posibilidad de abrir una discusión algo más profunda respecto del acceso a la tierra. Un derecho que debería ser primordial y que tiene en vilo no solo a infinidad de familias del conurbano bonaerense sino también a miles de familias del interior que se dedican a la agricultura y que deben arrendar su parcela y vivir sometidos de por vida al yugo de la industria agrícola. Diego Montón es referente del Movimiento Nacional Campesino Indígena Somos Tierra, una de las organizaciones campesinas que forman parte de la llamada “agricultura familiar” y cuyo objetivo es poder dar la batalla por la soberanía alimentaria y la reforma agraria. Las familias campesinas vienen dando una lucha sostenida por abastecer a los ciudadanos de alimentos accesibles y saludables en el marco de la pandemia. La experiencia de los programas y la distribución creciente de los alimentos libres de agrotóxicos, hace pensar en la posibilidad de una nueva forma de llevar a cabo la agricultura a nivel nacional, otro tipo de “campo” que esté al servicio del pueblo trabajador y que valore a los pequeños productores con parcelas propias y condiciones igualitarias en el mercado.
Respecto a este contexto de toma de tierras, mayormente en Gran Buenos Aires pero con focos en el interior del país, hay varias perspectivas de abordaje, desde plantearlo como un tema de seguridad hasta verlo como un efecto más de la pandemia, pero también el de la posibilidad de un debate acerca del uso productivo de las tierras. ¿Cuál es tu postura acerca de este acontecimiento?
Está claro que es un problema estructural que se ha ido profundizando a lo largo del desarrollo del neoliberalismo en nuestro país, que tiene que ver con la concentración y la mercantilización de la tierra, haciendo que lo que es un derecho humano: el derecho al acceso a la tierra, el derecho al hábitat, a una vivienda digna, a un ambiente sano, el derecho al espacio para el esparcimiento; muchos de los derechos que están asociados a la posibilidad de que una persona o una familia tenga un ámbito en el que establecerse, para vivir dignamente, han venido siendo cada vez más seccionados en pos del negocio inmobiliario en la ciudad y de los negocios inmobiliarios en el campo a partir del desarrollo del capitalismo financiero en la agricultura. Eso hace, por ejemplo, que en el campo el 85% de los productores accedan solo al 13,5% de la superficie agrícola y que en las ciudades sea realmente una odisea poder acceder a una parcela de tierra para tener una vivienda propia. Y por supuesto, esto se vio fuertemente profundizado por los cuatro años del gobierno de Cambiemos, de Macri particularmente, porque no solamente no hubo planes de vivienda -en Buenos Aires en cuatro años solo se construyeron 8 mil viviendas- también se implementaron planes de privatizaciones de las tierras públicas para negocios inmobiliarios; se modificó por decreto la ley de extranjerización de tierras para poder permitir su venta a capitales extranjeros, y una serie de dispositivos, que tuvieron que ver con esa idea de atraer capitales, que básicamente era profundizar ese esquema en donde se piensa la tierra como una mercancía. Y, por lo tanto, una buena parte de los sectores de trabajadores y los sectores excluidos ven imposibilitados sus planes de acceso a la tierra. En ese sentido, la pandemia también es un factor que puede agravar la situación, porque en estos momentos donde hay que estar en cuarentena el hacinamiento genera restricciones, tensiones y malestares. Pero esto se apoya en un problema estructural, que por supuesto no tiene que ver con un tema de seguridad o criminalidad sino más bien con una necesidad básica insatisfecha, donde el Estado tiene que poder establecer políticas concretas para resolverlo.
Lo que sí es fundamental señalar es que en el marco de esta situación, de la desesperación y de lo que ocurre con alguien que necesita un ámbito para vivir, también en el campo, para poder producir, hay sectores que se aprovechan, sectores mafiosos y punteriles que sacan provecho de esta situación. Pero son minoritarios, y creo que en general no es con una acción punitiva que esto se va a resolver sino con políticas que apunten justamente a garantizar el derecho a la tierra, el derecho a la vivienda y el derecho al trabajo. Y creo que, en ese sentido, es lo que se está impulsando hoy desde el gobierno, con muchas dificultades que tienen que ver con la pandemia.
Ya entrando en algo más específico, ¿cómo es la situación de los pequeños productores y la agricultura familiar campesina respecto a esta dificultad de acceso a la tierra y los problemas económicos que están padeciendo producto de la pandemia?
Respecto del campo, hay una buena parte de los productores ganaderos, de pequeños productores campesinos de la agricultura familiar, que si bien tienen derechos consuetudinarios, porque tienen derechos desde añares, no tienen el título de la tierra. Y es fundamental en ese sentido garantizar un programa de relevamiento, de adjudicación de ese derecho para garantizar la permanencia en el campo. Hablamos de cientos de miles de familias en esa situación campesina, indígena. A eso tenemos que agregarle la necesidad de regular y legislar sobre la propiedad comunitaria de la tierra para familias campesinas, porque hoy solamente está planteado para comunidades indígenas, y existen miles de familias de uso comunitario que practican ancestralmente el uso comunitario. Todo esto en el marco de la producción ganadera: de cabras, de chivos, vacas, ovejas; en distintos puntos del país. Y otro problema lo tiene la agricultura familiar en términos de agricultores, que producen fundamentalmente hortalizas, con un porcentaje que supera el 60% que no tienen tierra, que se ven obligados a arrendar, y que en general no solamente tienen que destinar una parte de sus ingresos a pagar ese arrendamiento sino que eso les impide acceder a créditos, acceder incluso a tener una vivienda digna en el campo, porque no tienen donde hacerla. Y los expone a distintas situaciones usurarias, entonces ahí también es necesario plantear una legislación que permita avanzar en el acceso a la tierra para esas familias agricultoras. Por otro lado, tenemos miles y miles de familias que han sido desplazadas de la tierra, tanto obreros rurales como familias que han sido desplazadas hacia las ciudades y que, tal como lo planteó Alberto Fernández en el día de la agricultura, deberían poder volver a sus provincias y poder tener acceso a la tierra para desarrollar su trabajo y su vivienda en el campo. Por eso tenemos distintas dimensiones, distintos tipos de problemas, todos asociados a la necesidad de una política de ordenamiento territorial y de volver a pensar la tierra más allá de una mercancía, sino con todos los niveles que implica la discusión del territorio que tiene que ver con lo ambiental, con lo económico, lo social y lo cultural, porque también el derecho a la tierra es lo que nos permite garantizar el arraigo y la cultura, que tiene que ver con la vida agraria y rural. Por eso, en ese sentido, la idea de la función social de la tierra, que acá alguna vez se discutió y que estuvo en la Constitución del ’49 y que derogó una dictadura militar, es fundamental retomarla. Pero no solamente con la cuestión social sino también su función ecológica, ambiental y económica.
“Para construir la soberanía alimentaria necesitamos avanzar para disminuir y mitigar la concentración de la tierra, la concentración de la agroindustria y fortalecer, sobre todo, a ese sector de la agricultura familiar, el sector cooperativo, las pymes agropecuarias; en función de avanzar con una producción que además sea más federal y esté distribuida en todo el territorio”.
Vos hacés hincapie en la declaración de derechos campesinos de Naciones Unidas sobre el acceso a la tierra. ¿Qué significaría empezar a implementarlo?
Es fundamental linkear este tema con una discusión que viene dando Naciones Unidas sobre esto. Ya en diciembre de 2018 se aprobó la declaración de Naciones Unidas para los Derechos de los campesinos y las personas que trabajan en áreas rurales. Se aprobó y se adoptó en la Asamblea General de Naciones Unidas. Es una declaración que contempla diversos derechos de campesinos y campesinas pero que también estipula obligaciones de los Estados para garantizar esos derechos, por lo cual se convierte de alguna manera en un compendio de políticas públicas que los Estados que se atengan al derecho internacional deben cumplir. Y está muy claro allí el derecho a la tierra, el derecho al lago de riego también, a la vivienda. Y en ese sentido, la declaración plantea el derecho a la propiedad individual y propiedad colectiva de la tierra, y establece que los Estados para garantizarlo deben, en el caso que sea necesario, realizar reformas agrarias. Es una disposición de Naciones Unidas, entre otras legislaciones que van planteando temas como el derecho a la permanencia y el deber de los Estados de evitar desalojos y desplazamiento forzosos, y de regularizar y reconocer los derechos consuetudinarios de la tierra.
También la Ley de la agricultura familiar, de reparación histórica, la 27.118 establece en varios de sus artículos el acceso a la tierra, el desarrollo de un banco de tierras para la agricultura familiar y distintos programas de relevamiento para la regularización de la tenencia de tierra que lamentablemente no fueron reglamentados en su momento. Ya que si bien la ley se aprobó, luego vino el macrismo. Pero son instrumentos que dan legitimidad y legalidad a estas ideas y propuestas que son más que necesarias.
Quisiera hilar este tema del acceso a la tierra con el reclamo por la soberanía alimentaria. ¿Cuáles crees que son los pasos a seguir para que el país pueda alcanzar paulatinamente ese estado?
El tema de la tierra agraria se vincula con una problemática que ya es prioritaria en nuestro país, que tiene que ver con el acceso a los alimentos y a los alimentos saludables. Tenemos estadísticas de fines del año pasado, que más del 17% de la población padecía inseguridad alimentaria o hambre. Es por eso que se tuvo que establecer este Plan Argentina Contra El Hambre, sin embargo no es solamente el hambre sino que tenemos un porcentaje importante, más del 30%, de población, con obesidad. También un porcentaje elevado de personas afectadas por alergias o enfermedades vinculadas a los agrotóxicos. Y el sentido de la mala cultura nutricional, que se ha visto de alguna manera modificada por la presión y la campaña publicitaria de las corporaciones. En esa línea, el año pasado se menciona que solo el 6% de la población argentina ingiere la cantidad de verduras y frutas que recomienda la Organización Mundial de la Salud (OMS).
Consideramos que una de las causas de esto tiene que ver con la discusión de la tierra, pero la otra es la concentración del sistema agroalimentario, donde el 1,5% de las empresas concentran más del 80% de la facturación. Y, en general, son quienes han ido presionando para que los alimentos sean caros, además de mala calidad, y cada vez menos diversos. Es por eso que ésta es una discusión central para todo el pueblo argentino. Necesitamos resolver el tema del hambre, y es para eso que tenemos que trabajar en salir de la emergencia y construir la soberanía alimentaria. Esto implica, en primer lugar, poner en el centro de las políticas agroalimentarias a los productores y a los consumidores, y trabajar para ir diluyendo esos oligopolios que hasta hoy al mismo Estado ha complicado para comprar alimentos; porque hemos visto que hasta el Ministerio de Desarrollo Social tenía dificultad en salir de las redes de este sector tan concentrado. Para construir la soberanía alimentaria necesitamos avanzar para disminuir y mitigar la concentración de la tierra, la concentración de la agroindustria y fortalecer, sobre todo, a ese sector de la agricultura familiar, el sector cooperativo, las pymes agropecuarias; en función de avanzar con una producción que además sea más federal y esté distribuida en todo el territorio.
Comentame un poco de las experiencias locales que ha habido en torno a esta idea de soberanía y cómo se han podido aplicar.
Es fundamental plantear el tema del agregado de valor local, con pequeñas y medianas empresas, tanto agregado de valor en términos de deshidratados, de conservas, de lácteos, y también de carnes. Nosotros tenemos muchas experiencias de centros de producción de carnes procesadas en La Puna; de conservas en Lavalle, Mendoza; alimentos balanceados en Córdoba y Neuquén. Distintas situaciones que pueden multiplicarse en todo el país, de experiencias que agregan valor y generan trabajo en el campo, y no como ocurre ahora con megaindustrias que concentran y que la materia prima y la producción tiene que viajar miles de kilómetros encareciendo el producto y dándole mucho poder a algunas corporaciones. Por lo tanto, el tema del apoyo al sector cooperativo de la agricultura familiar para el agregado de valor, el impulso y el desarrollo de los mercados de cercanía y locales, el desarrollo de un sistema de compras públicas que priorice a la agricultura familiar y que el Estado para todos sus programas pueda adquirir la producción de la agricultura familiar y cooperativa con mecanismos más sencillos que logren blindar al Estado de caer en las redes de estos cuatro o cinco pulpos que se quedan con todos sus ingresos.
¿Y qué rol juega la agroecología en este tipo de proyectos? Has mencionado en una nota reciente la idea de transformar al departamento mendocino de Lavalle en un centro agroecológico.
Es fundamental plantear el desarrollo de la agroecología. La agroecología cuida el ambiente y el planeta pero además garantiza una producción saludable. Y es un pilar de la soberanía alimentaria, porque independiza a los productores de los insumos que tienen que ver con las corporaciones y con bienes importados. La agroecología permite autonomizar una buena parte de la producción primaria, y es amigable con el ambiente produciendo alimentos saludables. Saludables en dos sentidos, que no tienen agrotóxicos pero también en la cantidad de nutrientes que los alimentos agroecológicos contienen, y eso ya está demostrado: por ejemplo en los tomates. Los tomates producidos en monocultivos, con alta intensidad de insumos agroquímicos y con alta carga por hectárea, son tomates que tienen muchos menos microelementos, vitaminas y nutrientes que un tomate agroecológico. Por lo tanto, la agroecología es otro pilar fundamental para la salud y para la soberanía alimentaria. En eso hay muchas experiencias interesantes. Nosotros venimos promoviendo la idea de territorios agroecológicos y, principalmente, la de municipios agroecológicos. Estamos trabajando en una experiencia en el departamento de Lavalle, paso a paso, para ir promoviendo la agroecología; dimensionando todos los efectos positivos que un departamento pueda asociar a la agroecología. No solamente en el valor agregado para sus productos y para el propio trabajo rural, sino también en los impactos para el agroturismo y el turismo que pueden verse fortalecidos y beneficiados a partir de esta identidad. Y toda esta dinámica del turismo gastronómico, y la gastronomía cultural -que en el departamento de Lavalle es bien importante- se pueda realzar a partir de la identidad de un municipio agroecológico. Y eso tiene que ver sobre todo con normas de promoción e incentivo que la comuna puede ir estableciendo a partir de distintas ordenanzas, como el ejemplo de la comuna en el no uso de agroquímicos en espacios públicos y la promoción de los productores. Para que a partir de ese incentivo se avance hacia la transición agroecológica.
En ese sentido, el de redes comunitarias que promueven el acceso de alimentos saludables a precios populares, está la experiencia del plan Respaldar.
Son otros programas interesantes que van en ese sentido. Por un lado está el programa Respaldar. Acá surgió como iniciativa de la senadora Anabel Fernández Sagasti, y tenía que ver con enfrentar la difícil situación que nos ponía la cuarentena y la pandemia, y por otro lado con avanzar en la organización tanto de la demanda como de la producción.
Es un programa que consistió en armar por regiones e ir organizando la oferta de producción con organizaciones de la agricultura familiar, pero también coordinando con entidades, con uniones vecinales, cooperativas, sindicatos; para poder ir organizando la demanda. Y partiendo de bolsones de verduras agroecológicas, luego se fueron sumando otros productos como quesos, huevos. Realmente fue bien importante porque además se contó con apoyo del INTA, del Ministerio de Agricultura, y de otras instituciones que fueron poniendo a disposición algunas movilidades. Es un ejemplo de cómo se puede avanzar en una idea de organizar el mercado agroalimentario, pensando en organizaciones productoras, pensando en cómo ir haciendo conciencia de la demanda organizada y del rol del Estado.
En ese sentido, creo que otra oportunidad puede llegar a estar en el marco de lo que está promoviendo actualmente el INAES, que son las mesas del asociativismo y la economía social. También van a ser ámbitos a nivel departamental que integrarán organizaciones del sector y que creo que pueden promover la organización de la demanda y la producción, de manera de acortar la distancia entre quien produce y quien consume, que es uno de los elementos más importantes para la soberanía alimentaria.
“Desde la vía campesina se insiste en que la agricultura campesina puede enfriar el planeta. Al disminuir la distancia y el recorrido de los alimentos, tanto de la materia prima como del alimento hacia el mercado, se disminuye la huella de carbono. También al disminuir el uso de agrotóxicos y el uso intensivo de maquinarias se disminuye el uso de derivados del hidrocarburo. En ese sentido, la agricultura campesina enfrenta la crisis alimentaria y la crisis climática”.
¿Y cuáles son los efectos positivos en el ambiente que traería aparejado el cambio en el tipo de producción agrícola de la mano de la agricultura familiar y campesina?
Este esquema de producción viene a resolver quizás dos de la principales crisis que azotan hoy a la humanidad: la crisis alimentaria y la crisis climática. Siempre desde la vía campesina se insiste en que la agricultura campesina puede enfriar el planeta. Al disminuir la distancia y el recorrido de los alimentos, tanto de la materia prima como del alimento hacia el mercado, se disminuye la huella de carbono. También al disminuir el uso de agrotóxicos y el uso intensivo de maquinarias se disminuye el uso de derivados del hidrocarburo, y por lo tanto disminuye la huella de carbono. En ese sentido, la agricultura campesina, podemos decir, enfrenta la crisis alimentaria y la crisis climática.
Se ha debatido mucho mediáticamente sobre la posibilidad de una reforma agraria y hay mucha estigmatización a pesar de que se ha aplicado en cientos de países, incluso en el nuestro a lo largo de su historia. ¿Por qué sería tan importante su aplicación?
Nosotros vamos a insistir que la reforma agraria integral y popular es necesaria. No solamente por el reclamo del sector agrario sino porque la propia Naciones Unidas están impulsando esa medida, y porque es el instrumento para poder democratizar la tierra y volverla a poner en función del desarrollo con inclusión de nuestro país. Es muy difícil que avancemos en la soberanía alimentaria sin una reforma agraria, pero para eso se tienen que dar muchas condiciones. Hay muchos poderes concentrados que se oponen, que la estigmatizan y que tienen mucha capacidad de incidir en la realidad argentina, por eso es fundamental que sea una bandera que la tome todo el campo popular e incluso los sectores medios. Estamos hablando del grueso del pueblo argentino, que tiene que comprender que es fundamental democratizar la tierra en nuestro país: para garantizar la soberanía alimentaria y para garantizar un camino hacia el desarrollo con inclusión. Es por eso que hay que hacer un trabajo importante pedagógico y de información respecto a lo que esto implica, que en el corto plazo puede significar una política que ponga en función la tierra pública que tiene el Estado, el nacional como los provinciales, en disposición del acceso a la tierra; para una segunda etapa en la cual se puedan analizar aquellos casos de tierras mal habidas, de extranjerización y de súper concentración en unas pocas manos. Estamos hablando de muy pocas corporaciones y pocas familias que están en esa situación pero que en general han logrado cooptar la atención de un sector importante que cree que cuando se habla de reforma agraria se habla de atentar contra los intereses de la propiedad de los pequeños y medianos productores, e incluso de los grandes. Ahí hay un debate que todavía como pueblo debemos darnos.
