El espacio público está en peligro, pero más si el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires atisba en él una oportunidad de negocio inmobiliario. La Costanera Norte ha sido desde la llegada de Mauricio Macri a la jefatura de Gobierno, un lugar central para los eventos y reuniones de campaña del Pro.
Por Marvel Aguilera.
Desde hace 30 años, el predio que cuenta con 32 hectáreas está en manos de Telematrix, que lo adquirió a precio “ganga” en 1991; sin embargo su concesión finalizará el año próximo, después de un usufructo de réditos insondables a lo largo de tres décadas. Pero no se trata de una empresa ajena para el oficialismo porteño: su diputada Carmen Polledo declaró en 2016 estar casada con uno de sus accionistas, Fernando Polledo. A fines del año pasado, el 5 de diciembre, en la última de las sesiones de la Legislatura, el predio fue puesto a la venta por Vamos Juntos y sus aliados en el recinto, en lo que marcó la continuidad de una visión privatizadora en la Ciudad que parece no tener límites y que desafía la Constitución porteña y el Plan Urbano Ambiental.
La demanda contra el gobierno por haber pasado por encima de los procedimientos para aprobar la venta de terrenos en la Ciudad hizo que el oficialismo modificara parte del proyecto, incluyendo un complejo residencial con torres de lujo; que lejos está de ser una solución al problema del déficit habitacional -hay 60 mil hogares viviendo en estado deficitario- que rige en gran parte del terreno urbano porteño, y que solo agranda la brecha entre los sectores privilegiados y los trabajadores que ansían una vivienda digna en la Ciudad. Larreta y sus aliados políticos planean construir un barrio de alta gama que se extienda entre la Costanera y Punta Carrasco, en el llamado Distrito Joven, destinando una mera parte a construir un parque y delimitando el acceso público al río, que debería ser de libre acceso y circulación según lo estipula el artículo 8 de la Constitución.
“El Estado debería cumplir con el compromiso de sustentabilidad y preservar la totalidad de las tierras, para uso y utilidad pública para las generaciones futuras”
La resistencia a los embates del macrismo se ha profundizado en estas últimas semanas con motivo de alertar y concientizar a los vecinos y vecinas de la Ciudad. Con caravanas de bicicletas, pancartas y abrazos simbólicos al río, distintas organizaciones y grupos vecinales han señalado la necesidad de sumarse a la audiencia pública del próximo 27 de noviembre, la cual será clave para definir el destino de Costa Salguero y Punta Carrasco. Entre ellas, el Colectivo de Arquitectas se han mostrado en rechazo tanto de las limitaciones de acceso público que conlleva el proyecto como de los costos que traería aparejado en una Ciudad con problemas habitacionales, sin tratamiento alguno. Bárbara Rossen señaló que la Ciudad perdería para siempre uno de los recursos más valiosos que tiene que es la tierra pública costera, ya que el suelo es un bien escaso y no renovable. Y que en el caso de Costa Salguero y Punta Carrasco involucran 32 hectáreas sobre la costa ribereña del Río de la Plata. En ese sentido, el acceso público quedaría potencialmente restringido ya que el proyecto normativo propone la construcción de edificios, entre medianeras de viviendas y oficinas, de hasta 29 m de altura, generando una muralla sobre la avenida Costanera e interrumpiendo la relación de la Ciudad con el río. “El Estado debería cumplir con el compromiso de sustentabilidad y preservar la totalidad de las tierras, para uso y utilidad pública para las generaciones futuras”, explicó.
Por otro lado, Fernando Urquizú, Comunero por el Frente de Todos de la Comuna 14, aclaró que las consecuencias que implican la venta de los terrenos de Costa Salguero exceden los límites geográficos de Palermo e incluso de la Ciudad de Buenos Aires, ya que el acceso al Río de la Plata es un derecho que tienen todxs los habitantes del territorio argentino y que, posiblemente, eso pueda dimensionar la magnitud de lo que el conflicto genera. Asimismo, remarcó en relación a la ilegalidad del proyecto: “La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires en su artículo 8 establece que ‘Los espacios que forman parte del contorno ribereño de la Ciudad son públicos y de libre acceso y circulación’. En la misma Constitución reside el enorme perjuicio que supone enajenar parte del patrimonio público y transformarlo en privado. El año que viene vence la concesión. Es una oportunidad única para volver a conectarse con el río como antaño lo hicieran generaciones”.
Las privatizaciones en la era Cambiemos en la Ciudad son moneda corriente y ponen en jaque a los espacios verdes que tienen que ser una prioridad para el desarrollo urbanístico y que demanda a las ciudades la Organización de Naciones Unidas. Solo en los últimos cuatro años de la gestión de Horacio Rodríguez Larreta como jefe porteño, se vendieron 267 hectáreas, casi la misma proporción que su antecesor, Mauricio Macri, en sus dos gestiones de gobierno. En total, entre Macri y Larreta, ya han privatizado 473 hectáreas, el equivalente a cuatro extensiones de Puerto Madero, según verificó el Observatorio del Derecho en la Ciudad el año pasado. Dijo Fernando al respecto: “La OMS recomienda entre 10 y 15 m2 de espacio verde público por habitante. Nuestra Ciudad promedia sólo 6 m2, con el agravante de que algunas comunas, como la 5 y la 3, ronden los 0,50 m2. En este marco, el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta propone construir torres de lujo en terrenos que pertenecen a la ciudadanía y que aportarían a mejorar nuestra calidad de vida. Es harto conocido el avance de esta gestión sobre el erario público. La ley que autoriza la venta de los más de 100 inmuebles, entre los que está Costa Salguero, se aprobó entre gallos y medianoche en la Legislatura Porteña en diciembre de 2019. Afortunadamente, fue favorable el amparo presentado por la Diputada Nacional Gabriela Cerruti y el Observatorio del Derecho a la Ciudad”.
Torres de lujo en una Buenos Aires hacinada
Los últimos años en la Ciudad han marcado una creciente suba del déficit habitacional. Por un lado, la gestión de Mauricio Macri a nivel nacional generó una caída en los ingresos de los habitantes que hizo sumamente compleja la posibilidad de afrontar un alquiler en la Ciudad. Sumado a los altos costos porteños, los problemas no resueltos de infraestructura deterioran la cotidianidad de los vecinos y vecinas de la Ciudad. La Encuesta Anual de Hogares (EAH) del año pasado informó que existen 365.000 hogares con problemas habitacionales. En el mismo plano, el reciente estudio de Equipo de Política Urbana destacó que hay 71.919 hogares con necesidad de acceder a una nueva vivienda en la Ciudad debido a que se encuentran o en una infraestructura irrecuperable o comparten hogar con otras personas o no tienen vivienda alguna. Bárbara Rossen alertó respecto a lo que significa el desarrollo edilicio en Costa Salguero: “No aporta ninguna solución al déficit habitacional de la Ciudad porque está dirigido a sectores de muy alto poder adquisitivo que ya son propietarios. Suelen utilizarse como reservas de valor de extranjeros o como nuevas viviendas para el sector ABC1 por las privilegiadas vistas al río”. En otro de los aspectos, Urquizú explicó que la venta simboliza el proceso de “gentrificación” que lleva adelante el Gobierno de la Ciudad. “Vivir en este barrio desde 1998 me permitió ser testigo del proceso de expulsión de una enorme cantidad de vecinxs de lo que supo ser Palermo Viejo que no tuvieron más alternativa que migrar hacia otros barrios. La construcción de torres de lujo no hará menos que contribuir a este triste proceso”.
Si bien la Audiencia Pública del próximo 27 no es vinculante, forma parte de la instancia intermedia de la aprobación de la ley, y debe ser tenida en cuenta tanto por el poder Ejecutivo como el Legislativo para avanzar en la sanción del proyecto. Urquizú explicó que en caso de aprobarse marcará un precedente riesgoso para los más de 5kms de la línea costera y, a su vez, reafirmó el reclamo por un proyecto de gestión costera integral que promueva la protección ambiental, el acceso público y el uso recreativo y sostenible de su costa. En sintonía con eso, Rossen ratificó la necesidad de sumarse a la audiencia teniendo en cuenta los peligros que implica su aprobación para lxs vecinxs: “Es nuestra única oportunidad para visibilizar la importancia de recuperar estas tierras costeras y tener un gran parque público de 32 ha con vista al río y al horizonte para el uso y disfrute de todos, motivo de orgullo, de integración social y de mejora ambiental y de calidad de vida para todos los vecinos, o que queden solo 13 ha semipúblicas detrás de un murallón de edificios privados para pocos”.
SUMATE A LA AUDIENCIA PÚBLICA VIRTUAL
Viernes 27 de noviembre a las 14 hs
Inscribite en este link y no te olvides de enviar copia de ambas caras de tu DNI a la dirección: dg.dypciudadana@legislatura.gov.ar (sólo personas domiciliadas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires) con el siguiente texto en el cuerpo del mail: ”Expediente Proyecto de Ley N° 2094-J-2020 Audiencia Pública de fecha 27/11/2020”.
Una vez en la audiencia no es obligatorio hablar, cuantas más personas seamos en contra de este proyecto, más capacidad tendremos de frenarlo. Más info en este video
Tenés tiempo de inscribirte hasta el 24 de noviembre 2020 a las 14 hs.