Por Nicolás Igolnikov.
El lanzamiento de la edición de este año del concurso del Fondo Nacional de las Artes puso en relieve un gran corpus de significaciones. La construcción del sentido estético, la composición de géneros y clasificaciones y la influencia del mercado en dicho ámbito son sólo algunas de las aristas relevantes. Hemos visto cómo, al profundizar individualmente en ellas, el debate tiende a un grado de especificación que se aleja de cierto eje común. La idea es tomar un poco de distancia.
Una breve contextualización
Ante todo, es importante enmarcar este furor en el contexto correspondiente: no es un conjunto de escritores quejándose de la existencia de un concurso, digamos apresuradamente, restrictivo. Es de lo más usual que estas instancias impongan restricciones temáticas y genéricas. ¿Cuántas veces se ha visto un concurso en el que se exige que los textos versen sobre, por ejemplo, el vino o una determinada realidad social? Estas prácticas son habituales y, en buena medida, resultan explícitas. Es razonable, ya que no son instancias arbitrarias sino que responden esencialmente a dos necesidades: la de mantener cierto flujo vital del campo literario y la de favorecer ciertas construcciones simbólicas. Por esto, resulta bastante desacertado insinuar que quienes se quejan “lo hacen porque se sienten excluidos”. La literatura es un campo basado en la exclusión. Lo que incomoda es, básicamente, quién y cómo está excluyendo.
El Fondo Nacional de las Artes
Es preciso recordar que el Fondo Nacional de las Artes no es una institución privada, sino por el contrario, es una entidad nacional cuyas arcas se engrosan en buena medida por el pago de impuestos devenidos del mercado editorial, y cuyos cargos son correctamente considerados como estatales. Es, dentro del Ministerio de Cultura, la entidad estatal más importante a nivel nacional, en cuanto a alcance y a estructura económica. Cada acción realizada desde el FNA es una acción estatal para con la comunidad literaria argentina. Esto se ve, por ejemplo, en las becas SOSTENER CULTURA, cuyas dos ediciones brindaron apoyo económico a más de 15000 integrantes del circuito cultural. Este es un ejemplo de una auténtica política de Estado para acompañar a quienes, ante este contexto, encuentran mermadas sus posibilidades de ingreso. Esta política fue una de las implementadas por la directora del área de Letras (y, por ende, funcionaria estatal) Mariana Enríquez. Otra, fue la modificación “con motivo de la pandemia” de las condiciones del concurso anual que esta entidad lleva adelante hace más de 20 años. Pero toda política pública responde a una agenda. La pregunta es: ¿a qué agenda responde modificar un concurso, que antes premiaba las categorías poesía, cuento, novela y ensayo por separado, de modo que ahora todos los registros textuales se engloben bajo la misma esfera, y que ésta sea la de los géneros de terror, fantástico y ciencia ficción?1
Una pregunta que no tiene respuesta clara, pero que la tiene
Aventurar una respuesta del estilo “Mariana Enríquez modificó el concurso para beneficiar al mercado editorial en el que se mueve, escribe y que le brinda buena parte de su trayectoria” puede sonar convincente. También suena convincente “Mariana Enríquez modificó el concurso para dar relevancia a géneros históricamente soslayados e implícitamente dejados de lado en las premiaciones del FNA a causa de su desprecio en el ámbito académico”. Como siempre, la oscilación entre polos simbólicos es necesaria, pero existen muchos matices. En todo caso, por qué Mariana Enríquez modificó el concurso es algo que nunca sabremos (ya que, como funcionaria pública, no puede ni va a decir todo): pero sí podemos decir cuál es el impacto real que tiene el concurso en estos términos. En primera instancia, efectivamente quienes trabajan los géneros ahora privilegiados encontrarán un concurso favorable a su trabajo literario. A su vez, quienes quieran incursionar en dichos géneros pueden encontrar una oportunidad. Es un hecho que estos géneros no son los preponderantes del mercado editorial y que son despreciados, en cierta medida, dentro del ámbito académico. Esto no quita, por otro lado, que las nuevas condiciones excluyen desde una entidad nacional a todo un cuerpo de escrituras que no satisfacen los criterios de selección impuestos por la directora y que antes no resultaban excluidos. Por otra, desarticula una mirada específica de cada categoría del premio. Sin ir más lejos, dos integrantes del jurado, con suerte, han publicado un libro de poemas, en comparación con altas tiradas de libros de narrativa. Esto no invalida el criterio del jurado, pero sí implica que la poesía esté en un lugar desigual respecto de la narrativa (pero no porque no pueda competir con ella, sino por la conformación del jurado y por la preponderancia del trabajo narrativo en los géneros fomentados por el concurso). Por último, se ha dicho mucho que esta modificación en el concurso busca rescatar géneros históricamente relegados. Pero si hay una categoría literaria que hace al menos un siglo está relegada a ser “la que no vende” y “la que queda fuera del mercado” es la poesía. Entonces, como política pública, ¿obedece a la reivindicación de las categorías olvidadas o evitadas por el mercado? A todas luces la respuesta es no. Toda política pública que no fomente una creciente inclusión (y aún más, que constituya una exclusión de perfiles antes incluidos) sin duda alguna, responde a una agenda minoritaria, correspondiente a intereses minoritarios, y por ende debe ser repudiada.
A modo de cierre: la responsabilidad de la comunidad
Así como en su momento con la polémica asociada a los PDF, la respuesta viral y generalizada a las medidas del FNA pone de manifiesto la existencia de tensiones internas del campo literario (la usual rivalidad entre poetas y narradores, la precariedad del trabajo literario, la arbitrariedad/conveniencia de los mecanismos de selección y difusión, el privilegio de ciertos registros literarios por sobre otros). Esto es no sólo esperable sino incluso deseable. Que la comunidad sea sensible a las acciones estatales y reaccione en consecuencia reafirma que dichas acciones deben responder a la comunidad. Ahora, también corresponde señalar que, así como la pandemia funcionó como excusa para esta modificación de las condiciones del concurso, dicha modificación funcionó como excusa para configurar dos lobbys desde los cuales construir legitimidad interna y relevancia. Dicho en criollo: se ha visto mucho la imposición de “dos posturas” en el asunto (que pueden asociarse con las dos posibles respuestas que encabezan el apartado anterior) por parte de integrantes de la comunidad con un gran capital cultural, con el objetivo de identificarse con ellas y abarcar bajo su seno a quienes las adopten (para, al hacerlo, recibir una lluvia de piedras y otra de mensajes onanistas), con el desagradable detalle de, en caso de no asociarse a un polo simbólico, entrar en acusaciones de “tibieza”, “cobardía”, “comodidad”, por nombrar los más leves.
Así como toda política pública debe ser crecientemente inclusiva, todo debate público debe aportar al reforzamiento de la comunidad en que se inscribe. Y polarizar un debate es exactamente lo opuesto. Es preciso dejar de vender al piedrazo como formato de discusión colectiva y reconocerlo como mecanismo de acaparamiento de capital cultural. Es preciso desarrollar mecanismos de comunicación efectivos. Es preciso, en definitiva, aprender a construir con las palabras acciones que nos permitan seguir protegiéndolas.
1 Cabe mencionar que esta modificación, no obstante lo antes dicho, cuenta con una novedosa segmentación demográfica con una clara intención federalizante, aunque el jurado esté integrado enteramente por escritores del AMBA.
