Identidades

Santiago Rey: “El caso de Rafael Nahuel nunca tuvo un acompañamiento masivo”

En noviembre se cumplieron tres años del asesinato de Rafael Nahuel a manos de la Gendarmería en el desalojo a una recuperación territorial mapuche en las cercanías de Bariloche. Conversamos con el autor de la investigación Silenciar la muerte (2018) para conocer el estado de la causa y el contexto de violencia institucional y precarización social de una de las ciudades más opulentas del país.


Por Marvel Aguilera. Fotos Eugenia Neme

El Alto es el otro lado de Bariloche, allí donde transcurren y sobreviven los cuerpos precarizados por urgencias económicas, por viviendas humildes que resisten el embate de la helada en la cima de la ciudad más turística de la Patagonia. Nahuel Hue, el barrio de Rafael Nahuel, surgió ante la demanda de tierras ocupadas por los sectores privilegiados de Bariloche que buscaban multiplicar sus negocios inmobiliarios. Una lógica que deja asolados a quienes también son parte del territorio, a los invisibles, a los nadies ocultos en las postales turísticas vendidas como vidriera al resto del mundo. Rafa era uno de esxs chicxs nacidos en aquel territorio estigmatizado, pobre y violentado; transformado por las fuerzas de seguridad en la zona liberada para la venta de drogas requerida por los sectores medios que van a disfrutar de la noche barilochense.

Una década atrás, las balas de la policía arreciaban contra los cuerpos indefensos de los habitantes del Alto. Un fusilamiento en plena democracia con el aval provincial y judicial que acabó con la vida de tres pibes: Diego Bonafoi, Nicolás Carrasco y Sergio Cárdenas. “La Masacre del Alto” fue un punto de inflexión para la organización social en el barrio; una pueblada que marcó una estructura de resistencia, de lucha y de construcción de memoria colectiva entre lxs vecinxs. Pero los años del macrismo y la doctrina Bullrich reavivaron los fantasmas de aquellos tiempos, profundizaron una brecha social que se ha vuelto insondable en la ciudad. El asesinato de “Rafita” es una parte más de un cuadro amplio, enmarcado sobre la desigualdad social, la violencia institucional y el racismo.

A la espera de la resolución por la nueva prueba balística que determine el autor del disparo que acabó hace tres años con la vida de Rafael, las tensiones en el lof de Villa Mascardi crecen. El supuesto operativo de “inspección ocular” llevado a cabo por las fuerzas de seguridad en un predio perteneciente a Parques Nacionales -el ex Hotel Mascardi- con tanquetas y más de cien efectivos policiales abre el interrogante sobre un posible desalojo en los alrededores que siguen sostenidos por la comunidad mapuche, que resiste su “recuperación ancestral” en medio de posiciones cruzadas entre Nación y provincia. Santiago Rey es uno de los periodistas que ha seguido el crimen desde cerca y que se ha volcado de lleno en su crónica e investigación Silenciar la muerte (Acercándonos ediciones, 2018), un libro esencial para entender no solo las causas del asesinato y las complicidades políticas y judiciales del intento por silenciarlo sino el contexto de violencia y precarización que azota a cientos de chicxs a diario en una de las ciudades más opulentas del interior del país.



¿Cuál es el estado de situación actual de la causa y que expectativas hay de parte de la querella y la familia sobre la nueva prueba balística?

Volvió todo a instrucción después de que la Cámara de Apelaciones de Roca realizara una integración alterna (porque luego de hacer revocar el fallo de esa misma Cámara con su composición original, la Cámara III de Casación ordenó una nueva composición para que vuelva a analizar el tema). Ahí se resolvió la falta de mérito del cabo Pintos, el principal acusado, y se dio vida nuevamente a la instrucción que se está desarrollando en el juzgado federal de Bariloche. Lo que es clave, y la querella y la familia así lo percibe, es el resultado de la pericia, la tercera pericia balística, que se está realizando en una dependencia del Ministerio Público Fiscal de la provincia de Salta, de la cual se espera que se pueda determinar con claridad de qué arma salió el proyectil que mató a Rafael Nahuel.

¿Cómo ha estado la familia respecto a estas trabas judiciales y embarradas de cancha constantes?

La familia ha sufrido muchísimo destrato por parte de la Justicia, porque no resuelve, porque la situación no diría que está “en cero” pero está de nuevo en Instrucción, porque no hay procesados, por el expediente; así que se han sentido muy manoseados en ese sentido. También acompañados por algunos organismos de Derechos Humanos como la PDH que ha seguido el caso, entre otros. Ahora se espera, por un lado la definición de la Justicia y por otro que el Estado Nacional tenga en cuenta la situación que están atravesando. Hace pocos días [diciembre 2020] se dio la visita de las ministras de Seguridad y de Justicia a la familia de Rafael, a Graciela y Alejandro, la madre y el padre, y esperemos que de esa reunión surjan algunas soluciones concretas para su situación.

¿Cómo acompaña en ese sentido la gente de su barrio? ¿Hay un recuerdo latente de él todavía?

El caso de Rafa nunca tuvo un acompañamiento masivo. La ciudad de Bariloche no se movilizó por el caso, sí algunos sectores puntuales: las comunidades mapuches, algunos organismos y determinadas personas sensibilizadas por lo que ocurrió; las organizaciones sociales que trabajan en los barrios del Alto de Bariloche por supuesto que sí, pero no pudo penetrar entre sectores medios y demás, incluso algunos propusieron movilizaciones a favor de las fuerzas de autoridad en ese momento. Digamos que Bariloche fue bastante permeable a los discursos y al relato del Gobierno Nacional de aquel entonces, puntualmente al de Patricia Bullrich y el de los medios dominantes y colaborativos de ese gobierno, que llegaban de Buenos Aires con sus réplicas locales. Así que diría que desde un principio fue difícil lograr masividad en el acompañamiento. Quienes lo conocían a Rafael por supuesto que sí, siguen insistiendo en el reclamo de justicia y en acompañar ese pedido.

En tu libro de investigación mencionas mucho la problemática relacionada a lxs pibxs del Alto. El contexto de precarización, persecución policial, racismo. ¿Ha cambiado algo en este último año o se profundizó con esta emergencia de la pandemia?

En principio la situación social en los barrios del Alto se problematizó y se complicó durante los años del macrismo por el proceso de pérdida del salario, la caída de las changas, el detenimiento de la economía en general y ahora con la pandemia mucho más. Hay un porcentaje muy alto de las personas que viven en el Alto que se sostienen gracias a lo que han sido los programas de asistencia y la asistencia directa a través de bolsones de comida y de la intervención de las organizaciones sociales que operan allí en esos barrios.

“Si bien todavía no ha habido una respuesta de fondo a lo que son los reclamos territoriales de distintas comunidades originarias, lo que pasó desde el 10 de diciembre pasado es que bajó la intensidad represiva de esos conflictos. Se han anunciado mesas de diálogo, se ha construido un relato de que a través de la necesidad del diálogo y la conversación se pueden encontrar respuestas. Hasta ahora no ha habido mucho más que eso.”


Hace unos meses salió la noticia del asesinato de un chico en Nahuel Hue, el barrio de Rafa. Un presunto crimen de gatillo fácil, en la jurisdicción de una Comisaría 42 que ya acumula varios casos de violencia institucional.

La situación de violencia institucional en los barrios del Alto es permanente, las denuncias también son permanentes. Fundamentalmente las que tienen que ver con el accionar de la Comisaría 42. Lamentablemente la Justicia no acompaña con investigaciones en profundidad sobre las responsabilidades de esos hechos. Como bien decís, se van acumulando las denuncias y parece que no hay una solución a este tema. Este círculo de violencia, de consumo problemático, institucional, de mucho abandono social cada tanto, esos barrios o el Alto en general, se convierten en noticia en los medios de Buenos Aires, pero hay una cotidianidad que no sale en esos medios y que tiene que ver con la situación económica y social que lejos está de solucionarse y que se ha profundizado en los últimos años.

¿La posición de la gobernadora Arabela Carreras continúa con la doctrina de Patricia Bullrich o hay matices respecto a eso?

Creo que hay una diferencia bastante marcada entre la posición del Gobierno Nacional y del provincial. Si bien todavía no ha habido una respuesta de fondo a lo que son los reclamos territoriales de distintas comunidades originarias, lo que pasó desde el 10 de diciembre pasado es que bajó la intensidad represiva de esos conflictos. Se han anunciado mesas de diálogo, se ha construido un relato de que a través de la necesidad del diálogo y la conversación se pueden encontrar respuestas. Hasta ahora no ha habido mucho más que eso. El gobierno provincial, al no tener injerencia directa en la circunscripción federal de Parques y la Ruta Nacional no ha podido actuar. Los mensajes que ha enviado, en general, no tienden a romper el círculo de abordaje punitivo de esa problemática. Y han ganado mucha visibilidad, ya sea por el acompañamiento del gobierno provincial o mediante algunos medios, los discursos de odio contra las comunidades mapuches y contra la Lafken Winkul Mapu en particular, que no colaboran a crear un clima donde se pueda resolver a través del diálogo esta cuestión.

¿Cómo evaluás la mesa de diálogo con Sabina Frederic y Marcela Losardo sobre la situación de los pueblos originarios?

Hasta ahora lo que hay son gestos. El gesto de ir a visitar a Graciela y Alejandro. El gesto de crear la mesa de diálogo. Pero el Gobierno Nacional o el Estado Nacional y Provincial lo que tendrían que hacer es modificar de lleno su mirada en relación a este proceso histórico que están viviendo los distintos pueblos originarios, no solo el mapuche, también los otros en diferentes puntos del país. Interpretar y entender que dentro de ese proceso, algunas comunidades y pueblos reivindican también el derecho a la recuperación territorial que hay, con los preceptos constitucionales que avalan ese planteo. Con lo cual, mientras no haya una mirada más amplia y de fondo sobre la cuestión, que incluya también el debate sobre este tema, yo no encuentro una solución. Probablemente no tengamos los picos, la escalada de acciones y represión que hubo en el pasado reciente, pero mientras no haya una solución de fondo tampoco se puede prever que no vuelvan a suceder.

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