Por Marvel Aguilera.
Lo que está en disputa en el norte argentino es la posibilidad de un saqueo descontrolado. El robo por vía de una reforma que se apropia los recursos del pueblo trabajador. El negocio no es el trasfondo de una situación de rechazo o confrontación ideológica, el negocio es el punto neurálgico de lucha en defensa de la soberanía, de una patria que se sigue mancillando por la mano ejecutora de los cipayos de turno.
La reforma express de Gerardo Morales es solo un atisbo del rumbo económico y social al que los sectores concentrados quieren llevarnos como nación. Morales, títere de los grandes capitales centrados en las mineras, tabacaleras y la omnipotencia del clan Ledesma, está llevando adelante un plan para disciplinar a la sociedad a través de la violencia institucionalizada.
El litio, el gran eje de operaciones geopolíticas alrededor de nuestra región, pone en vilo el futuro de nuestro pueblo. La represión sostenida del gobierno jujeño es llevada por los medios masivos a una disputa meramente ideológica entre dos formas de ver la realidad, de aquellos que obedecen las reglas y los que actúan como terroristas. Pero esto no se trata de kirchneristas o macristas, sino de patria o colonia.
“El Estado militarizado que impone Morales no daña solo a los miles de manifestantes que fueron violentados por defender lo nuestro, sino que profundiza la destrucción de la noción de la política, legitimando un poder excepcional, ordenador, dispuesto a cualquier tipo de autoritarismo con tal de consolidar los cimientos de la oligarquía como gobierno”.
Resulta necesario preguntarnos, en medio de voces que deciden callarse, o que actúan según la tendencia en Twitter (o, peor aún, por lo que dictan sus focus group) quiénes están dispuestos a representar al pueblo argentino en su lucha por la soberanía. Hoy en día, parece que solo el trabajador y la trabajadora son los que tienen el auténtico coraje de disputarle el relato a los grupos de poder enquistados en la sociedad. Muchos vacilan, pero los que ponen el cuerpo, siempre son los mismos.
El estallido de un nuevo 2001 es una posibilidad. No es cuestión de alarmismo, sino de poder ver las implosiones que vienen ocurriendo en materia económica, social y de justicia. Con un presidente que opina pero no actúa, y una oposición dispuesta a exterminar cualquier espíritu combativo que siembre las bases de un pueblo movilizado frente al ajuste que ellos preparan. Todo es posible, más si la Justicia, la Economía, y los Medios, están en manos de los enemigos del pueblo.
El Estado militarizado que impone Morales no daña solo a los miles de manifestantes que fueron violentados por defender lo nuestro, sino que profundiza la destrucción de la noción de la política, legitimando un poder excepcional, ordenador, dispuesto a cualquier tipo de autoritarismo con tal de consolidar los cimientos de la oligarquía como gobierno. Una acción perversa que viene a romper definitivamente la relación, ya de por sí erosionada, entre el Estado y la sociedad argentina.
Los partidos del poder siguen ampliando su dominio en cada resquicio de la sociedad, y es urgente oponer resistencia y buscar una alternativa de representación popular real. Ya no hay tiempo. Es ahora cuando la lucha histórica de nuestro pueblo, a través del peronismo y los diversos movimientos populares que combatieron el poder enquistado de los agentes extranjeros, debe retomar el compromiso de una batalla contra ellos para defender lo que queda de nuestra democracia.
Pero acá no estamos hablando de referentes ni de funcionarios desterritorializados, tampoco de la militancia de cartón conforme en su lugar simbólico de transgresión, acá nos referimos a cada uno de los sectores de laburantes, sindicalizados e informales, que ven cómo su futuro se hace pedazos, en medio de la soledad y el desamparo.
Ese pueblo debe organizarse. Porque, como decía Cooke, no existe instrumental teórico ni recetas intelectuales que suplanten lo que genera el pueblo desde sus expectativas.
Necesitamos con urgencia un movimiento que dispute poder, no cargos; una instancia superior de representación que ponga los intereses de las mayorías populares por encima de todas las cosas.
