Una radiografía de las personas en situación de calle en plena pandemia.
Por Marvel Aguilera. Fotos Eloy Rodríguez Tale
Cuando las paredes están ausentes, los cuerpos luchan en resistencia por avizorar en el horizonte algún rayo de luz. La calle, con sus luces estridentes y pasos aletargados durante el día, se transforma caída la noche en un desierto de miradas, mezquino, donde apoyar la cabeza para dormir es una odisea difícil de digerir para las miles de personas que deambulan tratando de sobrevivir en ella. La pandemia del Covid-19 fue un resaltador, un marcador embelesado de los sufrimientos de aquellos invisibilizados, los nadies que están allí, en cualquier esquina, en tu cuadra, con un colchón abroquelado detrás de una columna o transitando un rincón con una valija repleta delante de sus pies. Las protecciones y los usos higiénicos naturalizados en nuestro accionar diario parecen un lujo para aquellos cuyo máximo objetivo es conseguir un plato de comida caliente y un refugio contra la magnitud del frío invernal.
Las vulnerabilidades de las personas que viven en la calle son extremas, más si, además de una exclusión que los arroja fuera del sistema, deben tratar de sortear una enfermedad para la que nadie, aún en las mejores condiciones hospitalarias, está exento de padecer. Ya en 2019 las cifras arrojaban que un 38,1% de las personas que vivían en la calle tenían algún tipo de afección en la salud. Y eso no es menor, sabiendo que la acción del virus cala más hondo en aquellas personas que ya tienen un cuadro previo.
En ese destino tan nebuloso, las medidas del gobierno de la Ciudad orientan sus miras a controlar la circulación poblacional, como si fueran ganado al que deben ordenar para que no se desbande, sin ningún tratamiento sobre las condiciones en las que viven y se desarrollan, expuestos a un contagio inminente. El ingreso cotidiano a los paradores trasluce una desidia que bordea el cinismo, resaltado por las solicitadas que deben firmar las personas, que incluyen consultas sobre su hogar y viajes al exterior. Datos cuyas respuestas las personas llevan en el cuerpo, en las huellas de su andar palaciego en busca de alguna abertura un tanto más cálida entre las torres de la ciudad, en las manos expuestas al paso constante de las personas en las veredas sobre las que se guarecen diariamente.
La represión y la violencia nuncan están ausentes, se multiplican en los desalojos que se producen regularmente en las habitaciones de los hoteles de la Ciudad; los efímeros espacios que albergan a cientos de familias sin posibilidad de acceder a un alquiler reglamentado cada vez más encarecido. La crisis habitacional no para de crecer. Los espacios se reducen en una Buenos Aires que alimenta torres de lujo mientras miles de familias deben buscar una alternativa fuera de la General Paz o en los barrios populares para llegar a fin de mes. Una limpieza de clase sin demasiados pruritos. Una tierra otra vez dominada por la rancia oligarquía.
El conteo de personas realizado por el Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat de la Ciudad, impulsado sin acuerdo con las organizaciones sociales que trabajan la problemática, arrojó cifras irrisorias, apenas mayores a las del 2019 en donde habían contabilizado 1147 personas. Un número difícil de creer si uno tiene en cuenta no solo la crisis económica que ha venido acumulándose desde hace dos años sino el surgimiento del Covid-19 que ha limitado el consumo y la rueda productiva, propulsando los índices de la pobreza a casi un 50% de la población y de la indigencia a más del 10%.
“Ahora tenemos, cosa que no sucedía, familias en situación de calle, y esto creció exponencialmente, y tiene que ver con un gran negocio inmobiliario y la poca importancia que se le da a la gente y la mucha que se le da al dinero en la ciudad más rica de Latinoamérica“.
En ese sentido, Claudia Enrich, coordinadora de la organización Ciudad Sin Techo, afirma al respecto: “El nuevo censo ellos lo hicieron el día miércoles 11 de mayo desde las seis de la tarde hasta las seis de la mañana. Ese nuevo censo arrojó una cifra de 2.500 personas. No puede arrojar nada más que eso en dos años, con la cantidad de desalojos que hay. Y es mucha la diferencia con los 7.251 que nosotros veníamos contando, no solo en una noche sino en una semana rastrillando absolutamente toda la Ciudad. Es una diferencia muy pequeña la de 1.154 de hace dos años a estos 2.500 en situación de calle. Da cuenta de un aumento del 30% para ellos, que debe haber aumentado esa cantidad, pero desde las cifras que estamos manejando nosotros. Ellos han hotelado, han escondido, han utilizado sus métodos que son, normalmente, echarlos violentamente de las ranchadas, llevarlos a barrios periféricos. Hotelarlos y una vez que pasa esta locura del ‘Operativo Frío’, que dura hasta el 31 de agosto, otra vez a la calle. La cuestión es que se esconden y no se ven. Eso es lo que pasa normalmente”.
Claudia explica que el trabajo de las más de 40 organizaciones sociales en los censos populares ha sido sumamente preciso. Primero, abordando en diferentes horarios y haciendo un barrido completo en las 15 comunas, con más de 700 personas de voluntarias. Haciendo un uno a uno, y hablando con cada una de las personas para poder llegar a la cifra real de 7.251 personas, a sabiendas de las ranchadas que igualmente se habían realizado por parte del gobierno porteño. En cuanto a los mecanismos, explica que en ambos censos populares, los de 2017 y 2019, donde a través de planillas se recababa información de las personas que querían colaborar, sin contar a los menores de edad salvo que tuvieran referencia de adultos cerca. Con esas preguntas se hizo un paneo general para poder trabajar en función de lo cuanti-cualitativo al momento de llegar a los informes. “Hubo especialistas desde las Ciencias Económicas que sacaron un informe con todos los detalles de lo que tiene que ver con salud, sexo, porcentajes, datos duros; todo lo que sea necesario para poder trabajar luego en políticas públicas, entendiendo cuál es la situación que existe en la calle con las personas. Necesitamos trabajar con esos datos duros y sabiendo cuál es la problemática exacta. Esto no lo hace el gobierno de la Ciudad, claramente. Se manejan desde una sola camioneta en una sola noche, en la que difícilmente puedan contar a toda la población”.
Un virus que no hace distinciones
El confinamiento no solo evidenció la problemática de los expulsados del sistema, sino que profundizó esa barrera que ya tenían respecto a lo social, las redes, los pocos lazos sostenidos del sector poblacional. La soledad apremia y duele, en medio de una incertidumbre generalizada, pero crucial para la vida de las miles de personas que sueñan con un hilo de esperanza que vuelva a ponerlos en el ruedo. Los paradores escasean, en medio de falencias edilicias y un hacinamiento que tienta al peligro del contagio masivo.
“Al principio en 2020, cuando todo comenzó, la población con la que nosotros desde Ciudad Sin Techo trabajamos estaba muy asustada. Decían ‘se van a ir todos de las calles y nos van a dejar solos; nos vamos a morir y a enfermar; no vamos a tener dónde comer, no vamos a tener recursos’. Y en un principio sucedió eso, pero luego se abrieron un montón de centros de integración en distintas canchas de fútbol, en espacios que la Ciudad en su momento abrió en esta instancia, el Roca es uno. Y algunos siguen funcionando hasta el día de hoy, llevados adelante por diferentes organizaciones sociales. Se empezó muy mal, cerraron un centro del que se fueron 74 personas contagiadas, vaya a saber adónde, en la zona de la villa 31, donde estaba el dispositivo que cerraron. Y como fue tan grande lo que sucedió en ese lugar, tuvieron que abrir de urgencia otros”, afirma Claudia.
El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) fue uno de los organismos que puso sobre la mesa las condiciones para abordar la problemática de las personas en situación de calle en la Ciudad, pero que fueron evadidas por una decisión unilateral del gobierno en pos de generar un registro propio, con cifras muy distintas respecto a las que manejan actualmente las organizaciones. Leandro Vera Belli es investigador del área Derechos económicos, sociales y culturales del CELS, y analiza en base a las cifras del censo porteño, la gestión política del gobierno capitalino en materia de contención durante esta pandemia: “Lo que nosotros estamos viendo y hemos denunciado es que el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires se ha caracterizado por no desplegar políticas públicas paliativas para la pandemia, para gran parte de la población porteña. El mes de agosto pasado nosotros hicimos una encuesta cuantitativa con la Universidad Nacional de San Martín para indagar cuál era la situación de los hogares inquilinos respecto a la pandemia. En marzo del año pasado, apenas se emiten las medidas de aislamiento, el Gobierno Nacional decretó la prohibición de los desalojos y la posibilidad de diferir los pagos del alquiler, en un contexto de pérdida de empleo, de crisis económica, de aumento de la inflación. A nosotros nos pareció bueno indagar qué estaba pasando con esta población. El atenuante que está ahí es que en el Censo del 2019, la gente respondió en su mayoría que estaban en la calle porque no habían podido con el pago del alquiler. En ese sentido la encuesta que nosotros hicimos arroja que el 60% de la población porteña tenía deudas de alquiler y el gobierno de la Ciudad no hizo ningún tipo de política vinculada a la gente que alquila, escasas políticas para la gente que vive en villas, más bien adecuadas a la provisión de alimentos, e incluso uno puede ver un cambio fuerte en lo que son las políticas de vivienda y alquiler, donde en 2017 a partir de la sanción de la Ley 5.859 que habla de que la comisión inmobiliaria la tiene que pagar el propietario, el gobierno de la Ciudad, especialmente el IVC, había comenzado un proceso de armado de políticas públicas para mejorar el acceso a la vivienda y el alquiler que fue abandonado en 2019 y no hubo otro tipo de política”.
La contención del gobierno de la Ciudad se limita a brindar lo más rápido posible el subsidio habitacional para lograr la invisibilización que tanto preocupa a una gestión construida en base a la apariencia, a las fachadas y la prolijidad de plazas y calles, mientras implosiona la calidad de vida de miles de familias populares residentes en la capital. Los empuja a habitaciones que no tienen el mínimo halo de contención para personas que vienen de vivir en medio de un peligro extremo. Una urgencia transformada en normalidad, que incluso bordea el latente desalojo.
Si bien hace dos meses hubo una suba del subsidio habitacional, el llamado decreto 690, que pasó de entregar $5.000 y $8.000 para cada familia, y que ahora está dando entre $10.000 y $13.000, y hasta $15.000, paralelamente también aumentaron repentinamente los hoteles a una cifra que las familias no están en condiciones de poder pagar. Tan solo una habitación de hotel ronda los $16.000 por mes. “Es un negocio inmobiliario. Hay muchas personas que se refugian en casas recuperadas, que son desalojadas. Y los que alquilan de forma regular, de clase media si se quiere, y que ya no tienen trabajo, no pueden seguir alquilando. Y más allá del DNU presidencial, fueron desalojados. Así que tenemos ahora además, cosa que no sucedía, familias en situación de calle, y esto creció exponencialmente, y tiene que ver con un gran negocio inmobiliario y la poca importancia que se le da a la gente y la mucha que se le da al dinero en una ciudad que es la más rica de Latinoamérica”, comenta Claudia.
Por un apretón de manos legal
La idea de una ley para personas en situación de calle viene trabajándose hace años, pero ha tenido sus dilaciones. Sin embargo, los últimos años, profundizados por la crisis que trajo la pandemia y la enorme cantidad de familias que han quedado en la calle debido a la imposibilidad de afrontar un alquiler, han hecho necesario activar con urgencia un proyecto que garantice no solo condiciones mínimas para afrontar su problemática desde lo económico sino una serie de herramientas que contemplen las vulnerabilidades psicosociales que padecen las personas en situación de calle y que ponen en jaque el acceso a sus derechos básicos.
Claudia comenta respecto a la gestación del proyecto y su actualidad: “Nosotros somos una de las organizaciones con las que se inició este proyecto de ley allá por el año 2014, fui una de las que se reunía con la senadora Silvina Larraburu para generarlo. Pero se quedó y por poco se pierde estado parlamentario, aunque se pudo levantar. Ahora lo ingresó el diputado Federico Fagioli y creo que ahora sí va a salir. Lo principal en cuanto a este proyecto de ley, que se modificó del original en el que participamos a este, es que es más práctico y está bueno, porque tiene que ver con generar centros de inclusión en todo el país, con gente capacitada”.
En ese sentido, Leandro del CELS explica el foco en el que está puesto este proyecto de ley: “Tiende a pensar la cuestión de gente en calle un poco más amplia. No solo dar un subsidio habitacional, que es muy escaso y no alcanza para poder pagar una vivienda en el mercado de alquileres, sino incluir otras dimensiones como el seguimiento de la gente que vive en calle, la posibilidad de que se incorporen a los regímenes de la economía popular. Es un proyecto con una mirada más amplia”.
En vías de un nuevo censo popular
Los cifras no cierran y el tiempo no sobra. Mucha de la preocupación de las diferentes organizaciones se ha visto magnificada por los resultados que el censo unilateral del gobierno porteño arrojó. Los desayunos en el Obelisco para las personas en situación de calle se repitieron, mostrando que la necesidad apremia y que la situación, lejos de estar controlada, es escondida debajo de la alfombra por los entes oficiales, hasta que la pandemia vaya perdiendo intensidad. La idea de un tercer censo popular se ha venido masticando, diferentes organizaciones y espacios como Proyecto 7, Nuestramérica, la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia, MTE y Aires, comenzaron mesas de diálogo para poder cimentar la estructura de un nuevo registro que permita un diagnóstico real de la magnitud de los hechos, del daño que el capitalismo desenfrenado y la falta de políticas de contención generan en un sector vulnerable de la Ciudad.
Flor Egitto del Espacio Político Aires señala que el tercer censo busca remarcar los subregistros que hace el gobierno de la Ciudad, la metodología, la forma y las preguntas que involucra. Y que, anteriormente, se le ha pedido al gobierno incluir temas relacionados a género y diversidad; a la cuestión de salud y prevención del Covid, para saber cómo las personas en situación de calle transitaron la enfermedad; a la vacunación, y a la salud mental. Pero que el gobierno aún no explicita los resultados que muestren ese tipo de registro.
A su vez, Pablo Vitale de la ACIJ dice que el problema parte de la propia definición de la población, ya que el gobierno no cuenta a la gente que está en paradores y en dispositivos para personas en situación de calle, a pesar de que la ley los ubica en esa condición, por lo que deberían ser contadas. Además, plantea que uno de los focos del censo popular está puesto en el abordaje, el cual se desarrolla en más de un día y con un cuestionario más extenso, en donde se recuperan datos cualitativos que son claves para generar políticas públicas para un sector que, según cuenta Pablo, fue cambiando en los últimos años. “No es la misma población la de momentos de crisis económica y habitacional como la actual, como la de un periodo más regular o estabilizado, porque crece la cantidad de familias, crece la población que ha sido desalojada, la población que viene a la Ciudad para tratar de sobrevivir, y todo eso implica una variación en la población”.
“Ahora lo que armamos es una mesa para empezar a elaborar instrumentos de recolección de datos, para ver a quiénes vamos a consultar para trabajar determinadas preguntas que queremos agregar, y cuando estén dadas las condiciones socio-sanitarias y epidemiológicas, que bajen los casos y haya gente vacunada – porque para hacer el censo se requiere mucha gente en la calle y vamos a tener que hacer una amplia convocatoria, y para eso necesitamos ciertas garantías de prevención del Covid-19 que hoy no están dadas- definiremos en qué momento hacerlo”, remarca Flor.
Vivir en la calle es un problema de todos
La calle no es solo un lugar en el que las personas expulsadas del sistema se refugian para dormir y pasar algunas horas gambeteando el frío y la intemperie. Es un ámbito de lucha por la supervivencia, en donde entran en juego factores de violencia y conflictos del orden material pero también simbólico. Un escenario de peligro que pone entre la vida y la muerte a muchas de las personas que no logran adaptarse a su lógica y que visibiliza la falta de políticas públicas a mediano y largo plazo de los sectores políticos por un lado, pero seguramente también la desidia y negación de una sociedad que mira de costado una situación de la que forma parte, no desde la culpa pero si desde la responsabilidad social de nuestra vida en comunidad.
Gilles Lipovetsky dice que el hiper individualismo es la verdadera pandemia, aquella que no avizora vacuna alguna. Una que se fortalece con nuestros miedos y mezquindades, con la angustia que el narcisismo consumista del sistema nos imprime diariamente. La problemática de las personas en situación de calle solo comenzará a cambiar cuando la participación colectiva sea cada vez mayor. La distancia a la que nos empuja la pandemia debe ser solo una medida de cuidado y no un límite para afrontar una situación que atraviesa a todos los actores sociales y de la que nadie está exento. Cuando se habla de la contención del Estado parece aludirse a las medidas políticas que el gobierno de turno adopta para mitigar o resolver una problemática, sin embargo es un concepción que no solo nos envuelve en una estructura de negación y exculpación, perimida muchas veces, incluso en los sectores progresistas, por la indignación que copa las redes y los discursos aletargados de demagogia en reuniones sociales. Esta nueva etapa que nos presenta el capitalismo, que se refuerza ante la debilidad de tantos otros, es una oportunidad para entender que la resistencia es obtusa y lejana si se piensa desde lo individual, y una esperanza verdadera y regeneradora si se teje diariamente en redes de contención humanas, en donde lo que prevalece es el bien común, el bienestar colectivo, porque es más fácil soñar cuando cuando se tiene un lugar digno no solo donde dormir sino en el que vivir.
