Por Ruda.
El fuego en la provincia de Corrientes sigue avanzando. Sigue arrasando. Ya son 600.000 las hectáreas alcanzadas. Es una catástrofe de magnitudes extremas que deja en evidencia la perversión del agronegocio y su permanente lobby para evitar sancionar la Ley de Humedales. Una ley cajoneada durante años que hoy tiene sus consecuencias, en muchos casos, irreversibles.
La disputas políticas, maniqueas, en medio de un colapso ambiental, son parte de la precariedad intelectual y ética con la que se ha llevado adelante la prevención y la acción concreta para paliar el siniestro, a pesar de los tantos sistemas de monitoreo que existen sobre las zonas de riesgo.
El 7% de Corrientes está en llamas, mientras tanto, muchos medios masivos alimentados por la pauta nacional, y provincial, prefieren mirar para otro lado, generando un clima de desolación para miles de habitantes correntinos. Los cuales, mientras otros dirimen sus egos, han hecho una tarea heroica junto a los equipos de bomberos para revertir esta tragedia. Miles de voluntarios, campesinos y autoconvocados ponen su vida en riesgo para combatir los incendios en la primera línea, con lo que pueden, con lo que tienen a mano
Los incendios son mayormente intencionales, parte de una lógica extractivista que sigue avanzando sobre los recursos naturales nacionales, y que pone en jaque a los bosques nativos, los pastizales, las zonas de humedales y la fauna nativa. Hasta el momento, los focos de incendio más graves se están registrando en las localidades de San Miguel, Curuzú Cuatía, Ituzaingó, Santo Tomé, Loreto Y Bella Vista.
El gobierno de Corrientes, a través de su Cámara de Senadores, se ha encargado de negarse rotundamente al tratamiento de la Ley de Humedales por las “implicancias hacia el modelo productivo”, al mismo tiempo que deja vencer el ordenamiento territorial de los bosques nativos. La narrativa económica escrita por la Sociedad Rural, la Federación Agraria y Coninagro, entre otras entidades, a base de la explotación y la deforestación de nuestros suelos y la eliminación de toda forma de vida existente, es una infamia. Un mal que se cierne sobre la vida de nuestros pueblos, destruyendo su calidad de vida y expulsándolos de su territorio en pos de un negocio que no tiene límites de ningún tipo.
“El 7% de Corrientes está en llamas, mientras tanto, muchos medios masivos alimentados por la pauta nacional, y provincial, prefieren mirar para otro lado, generando un clima de desolación para miles de habitantes correntinos”
Nuestra tierra está a merced de la oligarquía, la cual persistirá en avasallar la naturaleza, acabando con los ecosistemas y desfinanciado las redes de protección que deberían ser parte esencial de los gobiernos de turno. La extensión de este desastre intencional deja a las claras las consecuencias de un mundo cada vez más injusto y complejo para vivir.
Estamos en una sociedad jaqueada por unas pequeñas familias dispuestas a todo por mantener sus estatus en una Argentina en plena recesión. Como pueblo debemos colectivamente ponerle un freno a este modelo de vida extractivista, tóxico, que pone a los intereses financieros por encima de nuestras vidas y de nuestro futuro inmediato.
